Aprobado en el "Congreso de Unidad" Realizado el 14 de septiembre de 2002.

Buenos Aires - Argentina.

Comisión de Programa para la Unificación del Socialismo.

Integrantes: Mónica
Fein, Alejandro Rofman, Alfredo Lazzeretti, Jorge Tula, Felipe Fridman,
Carlos Fidel, Enrique Oteiza, Pablo Bonazzola, Rodolfo Mangas.

I. DECLARACIÓN DE ROSARIO

Los socialistas de Argentina nos unimos en momentos
en que el país atraviesa una crisis inédita, signada por el
desmoronamiento de un régimen político, económico y social moldeado por
la última dictadura, el endeudamiento externo fraudulento, la
hiperinflación, los golpes de mercado, la desarticulación del Estado,
la privatización del patrimonio público, la concentración económica y
la hipertrofia de un sistema financiero ajeno a las necesidades del
país y sus vaivenes institucionales.

En ese contexto, el sistema político e institucional
padece una grave crisis de credibilidad y legitimidad, a la que no es
ajeno prácticamente ninguno de sus actores. Y aunque ese descrédito es
amplificado por los medios de comunicación adictos al establishment y
ciertos guetos fascistas, lo cierto es que el pueblo en su conjunto ha
puesto en tela de juicio al sistema institucional. Esa crisis no puede
entenderse sin aludir a la actitud cómplice de los grandes actores
políticos, a la desvergonzada connivencia entre éstos y un poder
económico habituado a las prácticas mafiosas, al riesgo cero y a las
ganancias ilimitadas de unos pocos a expensas de las grandes mayorías;
a la impunidad de los genocidas y de los grandes delitos políticos y
económicos; a la feroz corrupción de muchos estamentos del poder; a una
Corte Suprema de Justicia abyecta y a la incapacidad del sistema
político para construir un espacio de autonomía, decisión y soberanía
colectivas frente a la prepotencia del establishment.

El hartazgo popular, que ya se había expresado en las
elecciones del 14 de octubre y se viene manifestando de múltiples
formas, no apunta sólo contra un puñado de personajes, por más
emblemáticos que éstos sean. Para una significativa mayoría, la propia
actividad política se ha convertido en sinónimo de corrupción, mientras
su incapacidad para trasformar la vida cotidiana de las personas ha
hecho perder todo vestigio de legitimidad.

Es que, por acción u omisión, el sistema político ha
prestado su aquiescencia a la implantación de un régimen que condena a
la inmensa mayoría de los argentinos al desempleo, a la precariedad
laboral, a la miseria, a la brutal degradación de sus condiciones de
existencia, a la inseguridad en todas sus manifestaciones, al
desamparo, a la privación de sus derechos civiles, sociales y laborales.

La indignación tiene, entonces, raíces profundas. Y,
cada vez más, para desesperación del establishment, se dirige contra el
modelo que nació en 1976 con la dictadura sanguinaria, asistió a su
dramática expansión bajo la oprobiosa década menemista y se profundizó
bajo el gobierno de Fernando de La Rúa. Es precisamente la continuidad
de ese régimen la que está en la base del enorme descrédito que exhiben
hoy las instituciones republicanas.

Sin embargo, y con el apoyo de la potencia
hegemónica, el poder económico -conformado por los acreedores externos,
los organismos multilaterales que les responden y los grupos más
concentrados, asociados al sector financiero y los consorcios
emergentes de la privatización de los activos públicos- sigue
demandando que se profundicen la desarticulación del Estado y las
condiciones de explotación que padecen los trabajadores, que se rebajen
las exiguas cargas impositivas que pesan sobre el capital, que sigan
licuándose las deudas empresarias a costa del conjunto de la sociedad,
y aun que se garantice la impunidad de los delincuentes económicos
ligados al establishment.

La situación descripta nos coloca ante un crucial
desafío político, que es necesario enfrentar con decisión, audacia,
responsabilidad y compromiso. Por ello, los socialistas de Argentina
hemos decidido dejar atrás décadas de estériles desencuentros,
fragmentaciones y divisiones, para acometer la enorme y trascendente
tarea de reconstruir una herramienta política común para todos los
socialistas.

A 106 años de distancia de aquel Congreso
constituyente donde nacía la primera organización política moderna de
la Argentina, decidida a representar a la nueva clase que emergía de
las entrañas del sistema capitalista, a preparar su emancipación del
yugo explotador y a fundar un nuevo orden económico y social, este
Partido Socialista viene a recuperar lo mejor de nuestras tradiciones
y, al mismo tiempo, a responder al surgimiento de nuevas demandas y
nuevos actores sociales con un programa renovado y una acción
consecuente capaces de impulsar la profunda transformación que el país
necesita.

Hoy más que nunca, frente a la gravedad de la crisis
política, económica y social, y a las presuntas opciones que, dictadas
bajo la hegemonía del pensamiento único, no pueden conducir sino a
profundizarla, la alternativa del socialismo adquiere una renovada
significación para los trabajadores, los explotados, los marginados y
los excluidos, en fin, para quienes aspiran a una sociedad más libre,
más justa, más solidaria y más democrática.

Por eso, la construcción de una herramienta política
unitaria, de enorme potencialidad política y social, es para nosotros
una decisión estratégica.

Mientras el poder económico discute quien encarnará
el proyecto político retardatario de la vieja derecha, los socialistas,
junto al conjunto de la izquierda democrática y a los demás sectores
progresistas comprometidos con un proyecto de transformación profunda
de la sociedad, debemos también prepararnos para lo que será una
confrontación decisiva por el futuro de la Argentina.

Frente a la alianza de los herederos de la dictadura,
los personeros del modelo neoliberal y de rapiña hoy vigente y los
representantes de una cultura política agotada y cómplice, debemos ser
capaces de congregar a las fuerzas más avanzadas y dinámicas de la
política, la economía y la sociedad para ser protagonistas de la
construcción de otro modelo de país.

Los socialistas hemos venido denunciando tenazmente
las claudicaciones que nos llevaron al actual estado de cosas,
proponiendo alternativas y abriendo cauces, para que las coincidencias
con un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales conformen el
sustrato de una gran coalición de izquierda democrática, que hoy se
expresa en las calles, en las asambleas populares, en las luchas
heroicas del pueblo argentino, pero que aún no tiene vertebración
orgánica.

Un Partido Socialista único, fuerte, avanzado,
popular y democrático, como el que hoy refundamos, está en condiciones
de convertirse en la avanzada de esa gran coalición, para transformarla
en una herramienta capaz de encarnar una alternativa de poder y llevar
adelante el cambio que la sociedad argentina nos está demandando.

Ese cambio sólo será posible en el contexto de una
integración más activa y comprometida de los pueblos latinoamericanos.
Y, en esa tarea, una convergencia de las fuerzas progresistas de la
región sustentada en la más genuina vocación internacionalista y la
constitución de una fuerza socialista del MERCOSUR están llamadas a
convertirse en una poderosa palanca de renovación política, progreso
económico y social, e identidad cultural.

Por ello, tomamos hoy la decisión de construir un
único Partido Socialista, sobre la base de los partidos Socialista
Democrático y Socialista Popular.

Y convocamos al resto de las fuerzas y agrupaciones
socialistas hoy existentes, así como a los millares de argentinos que
aún permanecen fuera de las estructuras vigentes pero que comparten
nuestro ideario, a emprender el renovado y trascendente desafío de
reconstruir el partido único de todos los socialistas y avanzar así en
la construcción de una sociedad más libre, más democrática, más justa y
más solidaria: la sociedad socialista.

II. INTRODUCCIÓN

Los argentinos ingresamos al nuevo siglo con el peso
de una crisis que no tiene antecedentes en nuestra corta historia. El
país que muchos de nosotros conocimos, y que se distinguía por una
educación pública que nos preparó para ser ciudadanos, que construyó un
estado social que a pesar de sus déficits promovió nuevos derechos, que
logró ser el más igualitario de esta parte del mundo, que generó una
gran movilidad social, que esbozó un proyecto nacional con fuerte
énfasis en una industrialización sobre crecientes bases tecnológicas
propias, que alcanzó el pleno empleo y que fue capaz de iniciar un
proceso de desarrollo, pues bien, ese país no existe más.

Al interior de esta historia el Partido Socialista
ocupó un papel claramente positivo en la primera mitad del siglo. El
Partido Socialista contribuyó y mucho en las luchas sociales y
políticas desde fines del siglo XIX, siendo un gran impulsor de las
reivindicaciones a favor de la justicia social y en particular, la
legislación laboral. También dejó su marca en movimientos como el de la
Reforma Universitaria del '18, el cooperativismo y el mutualismo, la
defensa de la democracia política y social, y las luchas en defensa de
los derechos humanos. Sin embargo su influencia y su perfil se fueron
desdibujando a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Desde la
década del '50 divisiones estériles contribuyeron fuertemente a que el
socialismo no tuviera la fuerza suficiente como para abrir reales
alternativas al marcado deterioro que la sociedad fue experimentando en
forma creciente desde entonces.

Todos aquellos logros, que fueron la consecuencia de
largos años de lucha de nuestro pueblo, comenzaron a ser destruidos
durante la dictadura militar de 1976 y se terminaron de abandonar
debido a una despiadada política ejecutada por el presidente Menem. Con
una intensidad desconocida en otros lados, se inició un proceso salvaje
que arrasó con los cimientos en los que se asentó la Argentina moderna.

En este escenario, los grandes partidos han terminado
de poner en evidencia las irreversibles limitaciones de sus cuadros
dirigentes. Los primeros intentos de conformar nuevas alianzas
políticas para generar alternativas progresistas frente al
neoliberalismo conservador dominante, también mostraron las
limitaciones en la cultura política de dirigencias provenientes de
distintas experiencias históricas.

El nuevo siglo nos coloca entonces ante un gran
desafío: reconstruir el país. Pero reconstruirlo sobre nuevas bases de
equidad, solidaridad, justicia social y eliminación de toda forma de
explotación social. En ese cometido, es notorio que deberá replantearse
a fondo, el sistema económico-social que nutre los fundamentos de las
actuales carencias, privaciones e injusticias que agobian a la mayoría
de la sociedad argentina. Se trata del sistema capitalista salvaje, que
en su derrotero del último cuarto de siglo ha destruido las bases de la
convivencia social a partir de la entronización de un modelo sostenido
por una única meta: valorizar el capital financiero especulativo y
agredir a la producción, al salario, al empleo y a las conquistas
sociales fundamentales de los trabajadores.

Para avanzar en otra dirección, contrapuesta a la que
nos ha llevado a esta gravísima tragedia económico -social y política,
es preciso construir un nuevo rumbo, a partir del diseño de un Proyecto
Nacional, con la voluntad de la mayoría de la población argentina, hoy
excluida y acorralada en la miseria, el desempleo y la ausencia de una
auténtica democracia participativa.

Con este proyecto de nuevo país, superador del que
nos rigió hasta ahora, tendremos que buscar otros caminos para
insertarnos en este mundo globalizado, que nos permita aprovechar las
oportunidades que ofrece y no quedar prisioneros de los riesgos que
conlleva.

No existe política sin proyecto. Pero, además, es
imposible imaginar la superación de una crisis tan profunda como la
actual sin un Proyecto Nacional. Este proyecto, como es obvio, deberá
ser diseñado en el marco de un avance irrefrenable del capitalismo
financiero especulativo, y deberá librar una batalla político-cultural
contra el pensamiento único que sostiene irrestrictamente la
privatización de las actividades económicas, la desregulación de los
mercados, la mundialización financiera y la reducción del Estado a su
mínima expresión, como manifestación concreta del Consenso de
Washington.

Esta ineludible contienda deberá efectuarse a nivel
internacional y nacional. En el primer caso, integrando bloques con
aquellos países erosionados por los efectos nocivos de la globalización
con el fin de bregar por una regulación concertada de los avasalladores
movimientos de capital, erradicar los paraísos fiscales, lograr
inversiones que generen riqueza y trabajo, e impedir cualquier
cuestionamiento a los programas de bienestar.

A nivel nacional, se trata de volver a sacar a luz la
idea de Proyecto democráticamente formulado, es decir, de una
plataforma ideal que oriente al gobierno de nuestra sociedad. Para
ello, entre otras cosas, tendremos que reelaborar la idea de un "Estado
nacional", que sea económica, monetaria y políticamente soberano.

Este proyecto, es fácil advertirlo, no se propone
enfrentar las consecuencias, sino las causas de los desequilibrios que
genera este capitalismo que estamos padeciendo. Nuestro objetivo no es
adaptarnos a una sociedad menos injusta, sino avanzar hacia un orden
fundado en una sociedad justa.

Un desafío de esta envergadura puede obligar, en la
transición y con el objetivo de acumular fuerzas en el cumplimiento del
derrotero enunciado, a la búsqueda de una convergencia de fuerzas
políticas afines, más aún en un escenario en donde el incremento de la
dispersión política atenta contra la eficacia de cualquier fuerza con
pretensión de gobierno.

Ahora bien, un proyecto de estas características sólo
puede ser promovido y ejecutado por una coalición política progresista
en donde la izquierda democrática, es decir el socialismo, desempeñe un
rol protagónico central: No puede haber coalición de centro-izquierda
sin una izquierda democrática fuerte, moderna, audaz e inteligente. Un
partido de este color ideológico y de estas características es el mejor
garante de la reconstrucción de un país en ruinas y de la recreación de
las bases sociales y económicas para que los argentinos podamos poner
fin a una fractura social intolerable para cualquier sociedad
seriamente democrática.

Sin embargo, conviene recordar nuestras experiencias
coaliciónales recientes. Sólo así podremos evitar futuras
construcciones políticas endebles y propensas a giros ideológicos y
políticos inaceptables para una fuerza política como la nuestra. Porque
las coaliciones son creaciones políticas a veces indispensables, pero
que requieren de cuidados y de reglas claras. Esta actitud y estas
normas sólo pueden ser garantizadas por sujetos políticos responsables.
Y el partido de los socialistas que estamos dando a luz es precisamente
el fruto de la responsabilidad. No se puede calificar de otra manera a
la decisión política de poner fin a una historia de injustificadas
fragmentaciones del espacio socialista.

Pero para lograr construir el Partido Socialista que
reclama este mundo de incesantes transformaciones, es necesario
rediscutir ciertas concepciones ideológicas y esquemas organizativos
que guiaron hasta ahora nuestra acción política. Cuando las
circunstancias económicas y el mosaico social se modifica, las
ideas-eje, el programa, alrededor de las cuales gira nuestro trabajo
político necesariamente deben ser modificadas.

Pero si, además, el escenario nacional todo se ve
sacudido por una crisis que altera hasta grados desconocidos las
diversas instancias de la vida ciudadana y de las instituciones
alrededor de las cuales se organiza la sociedad, las propuestas
programáticas y los instrumentos organizativos que nos acompañaron
hasta ese momento tienen necesariamente que ser repensados con una
profundidad tal que obliga a poner en juego toda nuestra inteligencia e
imaginación.

Este último es el escenario en el que tenemos que
actuar. Y de nuestra capacidad intelectual y política dependerá que
desempeñemos un rol primordial o que sigamos siendo actores secundarios.

De nuestra centenaria historia hay momentos de los
que podemos estar orgullosos. Uno de ellos es aquel en el que los
socialistas lograron fundar el primer partido político moderno de la
Argentina. Hoy tenemos la oportunidad de crear un nuevo espacio
político de confrontación de ideas, de construcción de propuestas, un
laboratorio de renovación de las tradiciones políticas, un centro de
experimentación de nuevas formas de relacionarse con una sociedad que
reclama menos delegación y más participación.

En este camino, la estrategia a largo plazo del
socialismo, fundamentalmente, deberá contener el diseño de una Nueva
Sociedad, que reemplace al sistema capitalista, hoy incapaz de asegurar
dignidad, trabajo e ingreso al conjunto de los pobladores de la Nación
Argentina. Esa Nueva Sociedad a alumbrar, en un largo y creativo
camino, tendrá que asegurar a todos el derecho a una inserción
política, económica, social y cultural que dé lugar a relaciones
sociales libres de explotación, dominación o cualquier manifestación de
poder coercitivo.

Como en el siglo pasado, el siglo que está comenzando
requiere de instituciones nuevas, de organizaciones políticas
inteligentes y participativas. Sin ellas no será posible reconstruir el
país arrasado. ¡Manos a la obra, socialistas!

III. LOS VALORES DEL SOCIALISMO

El trabajo político del socialismo tiene como meta
crear una sociedad sin privilegios y sin relaciones de dominación que,
siendo organizada democráticamente, se base en los principios de
libertad, igualdad y solidaridad. El socialismo desea formar una
sociedad basada en los ideales de la democracia donde cada persona
tiene su propio valor. La libertad y la igualdad de las personas en una
sociedad solidaria es el propósito del socialismo.

El Socialismo defiende la libertad de todos y cada
uno de los individuos en el sentido de una autodeterminación con
responsabilidad social. La libertad de cada uno es para nosotros la
base para la libertad de todos los miembros de la sociedad. La libertad
no sólo significa un rechazo de cualquier forma de dictadura y de todo
sistema autoritario sino que conlleva también conquistas sociales. La
libertad consiste tanto en ser libres de coacciones y opresiones
externas, del hambre, de la ignorancia y del miedo, como al derecho a
la autodeterminación y a la participación, a tener posibilidades de
desarrollo, a tener las posibilidades de influenciar sobre su propia
vida y de elegir su propio futuro.

Las libertades y derechos de los ciudadanos, tales
como el derecho a votar, la libertad de pensamiento y de creencia, la
libertad de expresión y la libertad de organización son necesarias, y
forman la base de la libertad, pero no son suficientes. Las
desigualdades económicas y sociales crean condiciones distintas para
que los ciudadanos puedan hacer uso de esta libertad y para que tengan
las posibilidades de influir sobre su propia vida. La verdadera
libertad para participar y desarrollarse, es la de liberarse de la
desigualdad económica, cultural y social.

La igualdad constituye el sustento de la libertad. En
una sociedad desigual, los afectados por la desigualdad son también
necesariamente menos libres para dirigir sus vidas. La igualdad
constituye también una distribución justa de los recursos tan
importantes para la libertad del individuo, es decir economía,
educación y cultura. Como la libertad, requiere también la igualdad
estructuras sociales y condiciones económicas que den a todos el mismo
derecho y las mismas posibilidades de desarrollo y participación. La
igualdad conlleva para nosotros el derecho al trabajo y a la educación,
así como la igualdad de derechos políticos y sociales. Los individuos
más débiles o en situación desventajosa, tienen el derecho a políticas
de apoyo y de ayuda adicionales.

La solidaridad significa que todos deben tener el
mismo derecho y la misma posibilidad de influenciar sobre las medidas a
tomar y todos deben tener la obligación de ser responsables de las
mismas. Es necesario extender la solidaridad entre generaciones y,
además entre las generaciones presentes y las generaciones futuras.

La solidaridad excluye el egoísmo de lucrar con otros
en su propio beneficio. Para los postergados, la solidaridad constituye
un apoyo en su lucha por la justicia. Para todos, independientemente de
su propia fortaleza, la solidaridad es una condición para alcanzar la
seguridad y la cooperación en la vida social, que solamente pueden
nacer de la confianza, y nunca de la lucha y de la competencia.

La libertad, la igualdad y la solidaridad constituyen
juntas los cimientos de la sociedad democrática, del mismo modo que
solamente una sociedad democrática puede poner en práctica la libertad,
la igualdad y la solidaridad. La democracia constituye en sí misma los
cimientos de la ideología socialista, y sus ideales tienen que
caracterizar la vida social en toda su extensión, política económica,
social y culturalmente.

Las mujeres y hombres que integramos el socialismo
trabajamos para que los ideales de la democracia impriman su carácter
en todo el orden social establecido y en las relaciones entre los
individuos. Nuestro objetivo es una sociedad sin diferencias de clases
y sin segregación sexual o étnica, una sociedad sin prejuicios y sin
discriminaciones, una sociedad donde todos los individuos son
necesarios y donde todos encuentran su lugar, donde todos tienen los
mismos derechos y el mismo valor, donde los niños pueden crecer y
desarrollarse como personas libres e independientes, donde todos tengan
la libertad de dirigir sus vidas y donde juntos, logren las soluciones
sociales necesarias para lograr una calidad de vida digna.

La democracia debe practicarse en muchas formas y en
muchas etapas. El socialismo aspira a un orden social donde las
personas, como ciudadanos e individuos, puedan influir tanto sobre el
desarrollo social como sobre el trabajo de su vida cotidiana. Aspiramos
a un orden económico donde cada persona como ciudadano, asalariado y
consumidor pueda influir sobre la producción y su distribución y sobre
la organización y condiciones de su vida laboral.

El poder de la sociedad debe provenir de todos
aquellos que la integran y le imprimen sus formas. Los intereses
económicos no deben tener nunca el derecho de limitar la democracia.

La democracia es un mínimo de socialismo; el socialismo es el máximo de democracia.

III. UNA SOCIEDAD LIBRE, IGUALITARIA Y SOLIDARIA

La lucha del socialismo por la libertad e igualdad de
todas las mujeres y varones en una sociedad democrática y solidaria, se
sustenta en las siguientes propuestas:

1. La defensa irrestricta y universal de los derechos ciudadanos.

El derecho a la vida, a la libertad de expresión, al
vivir en paz, a la información, a la participación, se ven
crecientemente amenazadas en nuestro país por la desigualdad social y
económica, la marginación, la arbitrariedad y las tendencias
autoritarias. El socialismo compromete sus mayores esfuerzos hacia una
sociedad en que las libertades y la justicia para todos los ciudadanos
sean inviolables.

2. La equidad de género.

La desigualdad entre las condiciones de vida de
varones y mujeres en todas las clases sociales configura un orden
social injusto, llamado sistema de género.

Es imprescindible modificar ese sistema de ideas que
asigna roles estereotipados y jerarquías a la diferencia biológica
entre los sexos, porque la diferencia no tiene por qué ser entendida
como desigualdad.

En Argentina, los derechos ciudadanos conquistados
por las mujeres son en muchos casos sólo formales, y su concreción
requiere de una lucha y explicitación permanentes.

Por ello el socialismo impulsa la equidad de género
en todas las políticas públicas y la lucha por remover los obstáculos
que limitan la autonomía de las mujeres y las posibilidades de
desarrollo personal a mujeres y varones, a través de las siguientes
propuestas:

· Paridad en la participación política de mujeres y varones.

· Efectivo cumplimiento del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.

· Garantía de todos los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia.

· Responsabilidades familiares compartidas
equitativamente, favoreciendo un mayor involucramiento de los varones
en la crianza de los hijos e hijas e impulsando la licencia por
paternidad, entre otros aspectos, y la participación de los varones en
las tareas domésticas.

· Despenalización del aborto, para reducir el número
de muertes de mujeres a causa de abortos inseguros. La tipificación del
aborto como delito hace que las mujeres no concurran o lo hagan
tardíamente a los centros de salud, cuando un aborto se complica por
temor a la denuncia y a la cárcel.

· Legalización del aborto y cumplimiento efectivo en
los siguientes casos: cuando el embarazo es consecuencia de una
violación, cuando corre riesgo la salud de la mujer, o cuando no existe
posibilidad de vida extrauterina del feto.

· El derecho de las mujeres a decidir sobre su
cuerpo, su sexualidad y su reproducción, garantizando el acceso a
métodos anticonceptivos o a la ligadura de trompas, informada y
voluntariamente.

3. La eliminación de todo tipo de discriminación.

El socialismo considera necesario luchar contra todas
las discriminaciones y fortalecer las políticas de acción positiva para
superar sus efectos. Es necesario usar la acción pública para salir al
paso de los prejuicios y valores conservadores que, con el pretexto de
sexo, nacionalidad, etnia, preferencias sexuales, religión, ciertas
enfermedades o cualquier otro motivo, conculcan la igualdad política
esencial de los seres humanos.

4. La vigencia efectiva de los derechos de la infancia.

El socialismo asume el compromiso explícito con la
infancia y juventud como sujetos de derecho, que deben gozar de los
derechos, libertades y garantías establecidos en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.

El socialismo impulsa como políticas públicas para la infancia:

· La libertad de crecer: derecho a la vida y al
desarrollo basado en la calidad de vida y desarrollo integral de la
Infancia, integrando el cuidado del cuerpo, la promoción y la atención
de la salud.

· Saber es descubrir: el derecho a la educación,
aprender a aprender, como modo de comprender críticamente el mundo y la
cultura, garantizado por un sistema educativo, público e igualitario,
que se constituya en provocador de formación en valores, arte, ciencia
y tecnología con criterio de multiculturalidad y con perspectiva de
género.

· El trabajo creador: formar a la niñez en el valor
del trabajo y el poder transformador y creativo del mismo en una
sociedad solidaria, protegiéndola del trabajo infantil como forma de
explotación.

· Un lugar en el mundo: derecho al nombre, a crecer
en una familia, a tener una patria, una lengua, garantizado por
políticas culturales que brinden oportunidad en la diversidad, respeto
a la multiculturalidad y desarrollo de las culturas regionales.

· Jugar es crecer: el juego es el dispositivo de
aprendizaje, integración social, e identificación cultural. Defender y
promover este derecho, es una forma de propender a la cultura
democrática y al crecimiento pleno de la infancia.

5. La participación protagónica de la juventud.

La exclusión provocada por el modelo neoliberal es
particularmente grave en la juventud, que en Argentina incluye diez
millones de mujeres y varones entre 15 y 29 años, y se traduce en la
sistemática exclusión de las y los jóvenes del acceso a las
oportunidades laborales, educativas, sociales y culturales.

Es prioritario construir alternativas con el
protagonismo de los propios jóvenes, que les posibiliten tener un
proyecto de vida digna y una responsabilidad de su destino individual y
colectivo, y crear valores solidarios y participativos para la
comunidad en la que viven y para la sociedad en general.

En ese sentido, son propuestas del socialismo:

Generar espacios institucionales para la reflexión,
el debate y la participación activa, donde se fortalezca a las y los
jóvenes como ciudadanos y se promueva su identidad juvenil y social, y
su inserción tanto en materia laboral, como social y cultural.

Garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles.

Crear ámbitos de capacitación laboral orientados a
la empleabilidad juvenil, la formación personal y la inclusión social y
laboral de las y los jóvenes.

Promover una vida sexual con libertad y
responsabilidad, garantizando la información sobre su salud sexual y
reproductiva, y accediendo a métodos anticonceptivos y a la prevención
de enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA.

Alentar la participación juvenil en actividades
solidarias de apoyo a actores sociales con dificultades en su vida
cotidiana (personas mayores, niños en riesgo, personas con dificultad
de aprendizaje, personas con discapacidades). Acción colectiva y
participativa de la juventud en las estrategias de prevención de las
adicciones.

6. La protección integral de las personas mayores.

Uno de los fenómenos sociales que caracterizó al
siglo XX fue la prolongación de la vida de las personas, aunque en
forma desigual entre los más ricos y los más pobres. Al mismo tiempo,
quienes llegan a edades avanzadas tienen imposibilidad creciente de una
vida plena, de un ingreso jubilatorio digno o de cuidados adecuados a
sus necesidades, convirtiéndose en uno de los sectores más excluidos.
El socialismo considera fundamental reconstruir desde el Estado la
posibilidad de una vejez digna y con asistencia, con autodeterminación
y participación; y desde la sociedad, la contención e integración
social de las personas mayores.

Debe reestatizarse el sistema previsional y efectuar
una profunda reforma jerarquizando la eficiencia, la transparencia y la
participación de los beneficiarios.

Se debe priorizar los niveles locales, municipales,
comunales y barriales, para la generación de programas y proyectos para
las mujeres y varones adultos mayores con plena participación de los
destinatarios. Se debe fomentar asimismo la creación de instituciones
abiertas para sustituir carencias materiales y afectivas no brindadas
por el grupo familiar.

Las personas mayores deben tener acceso a instancias
de capacitación para el desempeño laboral teniendo en cuenta las
potencialidades y experiencias acumuladas y la ocupación creativa y
participativa del tiempo libre.

Debe desarrollarse la asistencia y acompañamiento
domiciliario en los casos necesarios, con base en las organizaciones
comunitarias y en los programas laborales solidarios para la juventud.

7. El derecho de todos al trabajo.

El socialismo entiende que pese a las profundas
modificaciones de los sistemas productivos y laborales, el trabajo
sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal
de la riqueza, por lo que impulsa las políticas de pleno empleo y el
derecho de todas las personas al trabajo digno.

El socialismo se compromete a defender las conquistas
y derechos de las trabajadoras y los trabajadores; a dignificar el
trabajo doméstico; y a que todos los trabajadores y trabajadoras gocen
de salarios dignos y prestaciones, capacitación y condiciones de
trabajo satisfactorias y seguras. El empleo estable y bien remunerado
debe ser una prioridad en los planes y acciones de gobierno para acabar
con la pobreza y construir una sociedad justa.

El cuidado y promoción de la salud de los
trabajadores y el perfeccionamiento permanente de las condiciones y
medio ambiente de trabajo saludables es un objetivo prioritario del
socialismo. Debe impulsarse la recuperación por el Estado del sistema
de prevención y aseguramiento de riesgos del trabajo.

En la lucha por estos objetivos, es fundamental el
fortalecimiento y democratización de las organizaciones representativas
de los trabajadores.

8. La inclusión e integración de los más postergados mediante políticas sociales de carácter universal.

Debe garantizarse al conjunto de las personas,
particularmente aquéllas en situación de mayor vulnerabilidad: la
eliminación de su condición de pobreza sobre la base de la solidaridad
y la redistribución del ingreso, mediante la Implementación del ingreso
social mínimo garantizado; la cobertura de salud, la seguridad
alimentaria, la educación gratuita, el acceso a jubilaciones y
pensiones cuando corresponda, y la garantía del principio de igualdad
de oportunidades.

9. Salud para todos.

El socialismo sostiene que la salud, junto con la
educación, son derechos fundamentales y constituyen los pilares básicos
del desarrollo de la sociedad.

En su sentido más amplio, la salud incluye
alimentación y viviendas adecuadas, trabajo digno, y posibilidad de
realización individual y familiar en el marco de una sociedad solidaria.

Debe ser obligación del Estado garantizar el acceso
de toda la población a la atención de salud integrada e integral. Ante
la situación de pobreza, marginación, exclusión y carencia de
coberturas, es esencial construir ciudadanía brindando cobertura
explícita a la población, en particular a la más postergada y
vulnerable. Asimismo, es fundamental recuperar la raíz solidaria del
sistema de seguridad social.

El modelo de atención debe estar basado en la
estrategia de atención primaria de salud, y fundado en la concepción
preventiva, en la participación de la población y del equipo de salud,
en la jerarquización del primer nivel de atención, en el desarrollo de
redes que integren el conjunto de recursos existentes en niveles
progresivos de atención, y en la calidad de los servicios, dando un
lugar prevalente a la mejora de las condiciones de trabajo, la
capacitación permanente y el protagonismo institucional del conjunto
del personal de salud..

Es menester una transformación profunda del Estado
nacional para garantizar una gestión del sistema de salud eficaz y
transparente, y asumir efectivamente la autoridad de regulación,
particularmente en la concreción de una política de medicamentos y
tecnología, y el rol de articulación de las provincias en un sistema
nacional a través del Consejo Federal de Salud. El primer nivel de
atención debe descentralizarse a los municipios con los recursos y
competencias suficientes, a fin de concretar sistemas locales adecuados
a las necesidades y con participación popular en todos los niveles de
gestión.

10. La educación pública, universal, obligatoria, laica y gratuita.

La lucha por la libertad y la igualdad de las personas y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la educación.

Hoy uno de los mayores factores de exclusión
definitiva de las personas es el abandono del sistema educativo; y uno
de los principales instrumentos concretos de lucha contra la pobreza y
marginación es la permanencia de los niños y jóvenes en la escuela. No
hay en el presente y en el futuro respuesta posible al problema del
empleo sin la educación.

La educación debe constituirse en uno de los
principales instrumentos de renovación de la vida política y de un
proceso de efectiva democratización de la sociedad. En este sentido,
son sus fines: la consolidación y profundización de la democracia, la
afirmación de la identidad cultural y la integración social.

Para ello, debe reafirmarse el rol protagónico del
Estado en la política educativa, y de la escuela y la universidad
pública como espacio de producción y distribución social del
conocimiento y de afirmación de la identidad cultural. Se debe
garantizar la gratuidad de la enseñanza y el acceso a la educación en
todos los niveles y modalidades, asegurando asimismo la calidad
educativa.

En ese camino es imprescindible promover el acceso y
permanencia de todas los niñas y todos los niños y jóvenes a todos los
niveles de enseñanza; extender la obligatoriedad a la educación
preescolar y secundaria; propiciar la generalización del sistema de
jornada completa; establecer sistemas de becas, subsidios y servicios a
todos los alumnos cuya situación social lo requiera; promover la
enseñanza para adultos, e incorporar a toda la comunidad educativa en
la evaluación permanente y periódica y la actualización del sistema
educativo.

11. Vivienda digna y hábitat adecuado.

Las políticas de vivienda y hábitat no deben ser
vistas desde la perspectiva de la obra pública, sino que deben formar
parte del conjunto de políticas sociales como respuesta a un derecho
social.

Las políticas de mejoramiento del hábitat son
indisolubles de las demás políticas sociales en el marco de los
principios del desarrollo urbano sustentable y sobre la base de la
participación integral de los destinatarios.

El derecho a una vivienda digna y a un hábitat
adecuado, debe incluir la seguridad jurídica de la tenencia, la
disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, la
posibilidad de acceso al mercado de vivienda, la habitabilidad con
estándares mínimos de calidad, el acceso prioritario a grupos
desfavorecidos, la adecuación cultural que permita la expresión de la
identidad y la diversidad, y la asistencia a las poblaciones para
mantener su hábitat.

12. La integración de las personas con necesidades especiales.

Al menos el diez por ciento de la población argentina
sufre alguna forma de discapacidad física o mental. La pobreza y la
desnutrición subyacen como determinantes en gran cantidad de casos. La
discapacidad ha sido siempre una de las grandes causas de exclusión.

El socialismo sostiene la prioridad de las políticas
de inclusión social y equiparación de oportunidades de las personas con
necesidades especiales. Los conceptos de equiparación de oportunidades
y plena participación, más que apuntar a la ayuda individual para
compensar la desventaja, deben ser entendidos como la configuración de
un medio social que no presente obstáculos a personas con
discapacidades, donde puedan construir y reconstruir alternativas para
una mayor variedad de usuarios.

Este objetivo debe procurarse mediante el
afianzamiento de una cultura solidaria y participativa; la
participación protagónica de las organizaciones no gubernamentales de
los interesados y sus allegados; y las acciones del Estado orientadas a
la equidad y al desarrollo de la prevención.

Las acciones deben abarcar respuestas a la
problemática laboral, educativa, de atención integral de salud,
prevención, de hábitat, y a la accesibilidad por supresión de barreras
urbanas, arquitectónicas y de transporte.

13. La democratización de la cultura.

Sin una política que promueva la creación y la
difusión de la cultura, se establecen divisiones profundas entre los
ciudadanos, que potencian la desigualdad económica y social. La cultura
es un elemento dinamizador de la participación, la solidaridad y la
defensa de los derechos humanos. El acceso universal a la cultura es un
elemento esencial del fortalecimiento democrático, de la igualdad y de
la construcción de ciudadanía.

El socialismo aspira al desarrollo de una sociedad
multicultural, capaz de convivir con las diferencias y asimilar su
riqueza, en el reconocimiento de que en la conformación de las
convicciones e ideas que profesa cada ciudadano en un sistema
democrático, se cruzan movimientos culturales provenientes de historias
y latitudes diferentes que fortalecen institucional y jurídicamente la
sociedad.

Es esencial el fortalecimiento de los valores
culturales que conforman nuestra identidad y de los que nos unen a
América Latina, así como de las singularidades culturales de las
distintas regiones de nuestro país.

Debe democratizarse la producción y consumo de los
bienes culturales, y fortalecerse las industrias culturales ligadas a
la producción regional, nacional y latinoamericana.

14. El derecho a la ciudad.

La mayor parte de la población vive hoy en ciudades.
En la ciudad transcurre la vida cotidiana de las y los habitantes, y es
el ámbito de relación más directa con los gobernantes, por lo que la
participación y la respuesta a las necesidades tiene posibilidades más
objetivas.

El socialismo sostiene la vigencia del espacio urbano
para el desarrollo de una mayor calidad de vida, e impulsa con ese
objetivo la defensa de las autonomías municipales; la participación
popular, la creación de empleo y producción; la gestión descentralizada
y la planificación y presupuesto participativo, priorizando el acceso
de toda la población a los servicios básicos; la función social de los
espacios públicos y el uso del suelo equitativo; el libre acceso a la
actividad física, al deporte, al uso del tiempo libre y a la cultura;
la ciudad como espacio de innovación, reconciliando el progreso
científico y tecnológico con el progreso económico y social y con
sustentabilidad ambiental.

15. La preservación del medio ambiente.

El socialismo sostiene la prioridad de la
preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y
futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable. La
degradación ambiental no es una consecuencia ineludible de la actividad
humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente.

El socialismo se propone como objetivos básicos en lo
ambiental la mejora de la calidad de vida de la población; la
compatibilidad de la planificación económica y social con la protección
de los recursos naturales, culturales y paisajísticos y de la
biodiversidad; la educación ambiental de la población, la participación
popular en la cuestión ambiental, y la planificación y control integral
de los recursos naturales no renovables.

IV. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA ECONOMíA

1. Democracia política y social.

El socialismo persigue la construcción de una
sociedad democrática, donde todos puedan organizarse libremente para
defender sus intereses; donde la ciudadanía tenga acceso a la
información y a la cultura. El socialismo entiende la democracia no
sólo como un sistema político sino también como una forma de vida.

La democracia debe ser representativa pero también participativa, a través del incremento de la participación popular.

El Estado como forma de organización política debe
estar al servicio de la sociedad. El Estado debe ser democrático,
federal, representativo y participativo.

El socialismo se compromete a luchar por la
democratización del Estado con el objeto de construir una relación
entre gobernantes y gobernados basada en la participación, en
elecciones libres, y en el control permanente de la gestión de gobierno
por la ciudadanía.

Es esencial el fortalecimiento de la esfera pública
como espacio por excelencia de lucha por los derechos de ciudadanía. La
participación efectiva de las organizaciones sociales es imprescindible
para el desarrollo de la democracia participativa.

El socialismo se pronuncia por un Estado laico que sea tolerante con todas las formas de pensamiento y estilos de vida.

Es fundamental el respeto a la división de poderes y la independencia de la justicia.

2. Democracia económica.

El Estado debe reafirmar su presencia activa y
protagónica en los sectores claves de la acumulación y distribución del
excedente económico a saber: el sistema financiero, el mercado de
cambio y el comercio exterior.

Es imprescindible la recuperación de la capacidad
estatal de provisión de bienes públicos esenciales como educación,
salud, seguridad, justicia, infraestructura, regulación de la economía
y promoción del desarrollo económico.

El socialismo deberá garantizar la democratización
del poder económico aplicando las leyes que impidan la concentración
del capital, la vigencia de monopolios y de toda forma de organización
económica que tienda a ejercer un derecho discriminatorio en contra de
las necesidades de la sociedad. En donde surjan los monopolios como
necesidad de la explotación de los recursos o como proveedores de
servicios, el socialismo deberá ejercer y aplicar las leyes que
permitan limitar el ejercicio del poder para una apropiación indebida
de la renta social. Se debe recuperar el concepto de "servicio público"
y de "utilidad pública" en el manejo de las empresas públicas, contra
la concepción vigente de la rentabilidad privada, y fomentar la
organización cooperativa en el sector.

El socialismo promoverá formas de asociación para
lograr una mayor participación de los trabajadores en la construcción
de riqueza y una distribución equitativa de los beneficios.

Se debe constituir el Consejo Económico y social como
órgano de asesoramiento en la elaboración de planes de desarrollo
sustentables de mediano y largo plazo, a través de una planificación
indicativa, participativa y abierta..

3. Un Estado eficiente, transparente, participativo y solidario.

Es necesario desarrollar un estado eficiente, participativo, sin privilegios y con claros mecanismos de control.

Un nuevo contrato social requiere de un Estado fuerte
y activo, con capacidad de planificación, coordinación y regulación de
acciones, recursos y servicios públicos, incrementando su calidad con
economía de recursos, e implementando mecanismos efectivos de gestión
por resultados y evaluación permanente con publicidad de los mismos.

El socialismo aspira a la transparencia de todos los
niveles de gobierno para garantizar la buena administración de los
recursos y la eficiencia en los programas y acciones de gobierno. Es
esencial la aplicación efectiva del derecho del ciudadano reconocido
constitucionalmente de acceder a la información pública, dando
permanente publicidad a los actos de gobierno.

El socialismo, como concepción de vida, lucha por
erradicar en forma definitiva la corrupción, la arbitrariedad y el
autoritarismo.

Se deben eliminar los gastos reservados en todos los
Poderes del Estado, con precisas excepciones establecidas por Ley y
mecanismos de control, sólo necesarias para la defensa nacional

Es prioritaria la profesionalización y capacitación
de las estructuras administrativas de los Poderes del Estado, la
incorporación de nuevas tecnologías de gestión pública, de regulación,
de monitoreo, y de procesos de modernización administrativa.

4. Sistema electoral y de partidos políticos.

El socialismo se propone para el fortalecimiento de la democracia y la representatividad de las instituciones políticas:

Mejorar las formas de representación política,
facilitando la formación de partidos políticos, el acceso ciudadano a
las candidaturas, preservando el derecho de las minorías y la
proporcionalidad, garantizando el pluralismo y estimulando la
participación popular.

Garantizar los sistemas de representación
proporcional, y establecer disposiciones legislativas o
constitucionales tendientes a que los sistemas electorales nacionales o
provinciales no puedan incluir la variante del doble voto simultáneo.

Garantizar la transparencia en el financiamiento de
los partidos políticos y las campañas electorales mediante el control
efectivo de los aportes y el origen obligatoriamente público de la
mayoría de los fondos.

Limitar el tiempo de duración de las campañas
electorales a 30 días, acotando los costos de las mismas y asegurando
los efectivos mecanismos de control del gasto electoral.

Establecer el sistema unicameral en los poderes
legislativos provinciales a través de la modificación de las
respectivas constituciones provinciales.

Limitar el gasto de la función legislativa nacional,
provincial y municipal hasta un porcentaje del gasto público
consolidado de cada jurisdicción.

5. Autonomía municipal.

El socialismo considera al nivel municipal como un
ámbito jerárquico de participación ciudadana política y social, por lo
que es fundamental la profundización de las autonomías municipales.

La autonomía municipal debe garantizar:

· Que los gobiernos locales puedan sancionar sus
cartas locales, determinando la organización de su gobierno y
atribuciones de los órganos del mismo.

· Libre ejercicio de su autonomía política, administrativa económica-financiera e institucional.

· Darse sus propias autoridades mediante su elección directa y proporcional.

· Contar con recursos económicos propios, con la
libre percepción e inversión de rentas dentro de su propia esfera de
gobierno, administrativa y financiera.

· Que los asuntos más vinculados a la vida de la
ciudad sean de competencia propia de los gobiernos locales en cuanto a
las facultades de legislación, ejecución y jurisdicción.

· Fijar su propia política municipal tomando a su cargo la explotación de los servicios públicos locales.

· Establecer mecanismos de democracia directa o semi
directa tales como la consulta popular, la iniciativa popular,
referéndum y revocatoria de mandato.

· Establecer la política de descentralización
administrativa, participación popular, y presupuesto participativo,
creando instancias para la articulación con las asambleas populares y
los nuevos movimientos sociales.

· Concluir convenios intercomunales con municipios
vecinos para la realización y atención de obras y servicios públicos de
interés común, así como programar planes de colaboración con la
Provincia y la Nación.

· Que se establezcan suficientes garantías para
asegurar el pleno ejercicio de la autonomía, poniendo a los municipios
al amparo de las presiones y/o discriminaciones de otros poderes
extramunicipales.

V. DESARROLLO CON EQUIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

La extraordinaria expansión de las fuerzas
productivas durante el siglo XX (automatización, electrónica,
informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc.) ha abierto las
mayores posibilidades para alcanzar un mundo con justicia social y
equidad, con igualdad de oportunidades, sin pobreza y sin hambre.

Sin embargo, esta expansión ha llevado al
empobrecimiento de la mayoría de la humanidad y a la explotación
irracional y despiadada de los recursos provistos por la naturaleza. La
avidez de riqueza y de poder ha llevado a distorsionar los objetivos de
la producción de bienes y servicios y en muchos casos han atentado
contra el medio ambiente poniendo en peligro el bienestar inmediato y
futuro del hombre. La contaminación y la degradación del medio ambiente
tienen su origen en el deseo desmedido de lucro y no toman en cuenta
los perjuicios que causan a la sociedad. El Estado y la sociedad deben
intervenir para restablecer el vínculo entre la naturaleza y las
necesidades del hombre que permitan mejorar las condiciones de vida sin
destruir el equilibrio ecológico.

El proceso económico que dé sustento y perdurabilidad
a un nuevo modelo de sociedad sólo puede asentarse en la valorización
de una economía productiva, que se dinamice a través de un proceso de
desarrollo autoorganizado y sustentable que garantice la igualdad de
oportunidades y la creciente equidad y justicia social. Se debe avanzar
en el objetivo final de construcción de una sociedad sin clases ni
explotación social, con un proceso productivo capaz de dar una calidad
de vida digna y sustentable a todos sus habitantes, y con la vigencia
de un sistema de relaciones económico-sociales asentados sobre la
cooperación, la solidaridad y el reparto equitativo del excedente
económico total, principios que reemplacen el lucro y la competencia
propios del modelo capitalista. En ese camino, el socialismo postula:

1. La refundación del Estado.

El Estado debe refundarse sobre bases de eficacia
social, para la plena regulación de las relaciones de mercado, la
promoción de la producción de capital nacional y la reinstalación de un
programa de redistribución progresiva del ingreso nacional, a través de
políticas sociales de carácter universal.

El Estado constituye el catalizador social para fijar
las políticas económicas que aseguren la distribución de la riqueza,
que brinden a todos la igualdad de oportunidades y garanticen el
desarrollo sostenido. El Estado no es prescindente en ninguna instancia
de la vida económica de las sociedades; la prescindencia es una
política promovida por aquellos que detentan el poder en cualquiera de
sus formas para apropiarse indebidamente de las riquezas creadas por el
trabajo.

La reforma del Estado, debe tener como meta convertir
al "empleo público" en modelo de una "ética del trabajo" y de gestión
moderna, de modo que la administración pública argentina obtenga la
necesaria legitimidad para asumir su rol regulatorio en economías de
mercados. Pero para ello, el Estado tiene que desarticular la "lógica
rentística" de su interior, que se manifiesta a través del
clientelismo, la ineficiencia, el atraso tecnológico y el empleo
improductivo de recursos

Donde hubiere un monopolio natural insuperable,
regulará estrictamente la actividad y fijará tarifas con el fin de
lograr resultados similares a los que produciría la competencia.

El Presupuesto Nacional, la ley de las leyes, tendrá
que ser preparado anualmente, antes de su elevación al Congreso
nacional, mediante una amplia discusión popular y participativa, que
permita incluir en su articulado, la voluntad de la mayoría de los
habitantes del país.

Es condición esencial, además, poner en marcha una
nueva estrategia presupuestaria de la Nación, las Provincias y los
municipios de tal modo que el balance de ingresos y egresos públicos
asegure un sustancial incremento de los recursos fiscales consolidados
del Estado. Este nuevo escenario debe garantizar ingresos suficientes
para ir ampliando decididamente la provisión de bienes públicos en
cantidad y calidad necesarios a fin de elevar en forma sustancial la
calidad de vida del conjunto de la población.

El mantenimiento de los gastos necesarios del Estado
para garantizar la oferta incondicional de los bienes públicos en forma
gratuita y sin limitaciones requiere de un sistema tributario basado en
el principio irrenunciable que expresa: el que más recursos tiene más
aporta al Fisco. Una revisión integral de la estructura impositiva
permitirá, con un sistema progresivo de tributación, redistribuir el
ingreso a la vez que posibilitar el funcionamiento del Estado en los
niveles propuestos.

Es central la reducción sustancial de la evasión, a
través del fortalecimiento de los organismos de recaudación y de la
simplificación del sistema y de sus normas de aplicación.

2. Un nuevo modelo de desarrollo.

Es central la existencia de un mercado interno
fuerte y consolidado, que garantice la inserción internacional y
mundial, cimentado sobre aquél, que crezca alentado por políticas de
promoción basadas en ventajas comparativas y dinámicas.

El mercado interno sólido debe sustentarse en la
distribución del ingreso nacional sustancialmente más progresiva que la
actual a través de la elevación sistemática del salario real, el
incremento de la ocupación plena y el combate frontal a la pobreza,
ubicando en su función esencial de apoyo a la política de crecimiento y
de equidad en el reparto de los frutos de tal crecimiento, al sector
financiero.

El proceso productivo destinado a fortalecer el
mercado interno debe orientarse hacia la creciente integración de sus
fases constitutivas reduciendo en forma progresiva la dependencia de la
provisión externa de insumos y bienes de producción. Ello implica una
política decidida a incorporar valor agregado a la producción en una
estrategia de reindustrialización integrada, lo que supone mayor
trabajo nacional en reemplazo del trabajo importado.

La conformación de áreas con actividades
interdependientes, "manchones" o "clusters", en donde un proceso se
encadena a los demás y conforma, así, un espacio productivo altamente
intervinculado, permite fortalecer la gestión, recuperar los beneficios
de la aglomeración y evitar filtraciones hacia fuera de los beneficios
de la actividad productiva, de la generación de tecnología y de la
reducción planificada de costos.

. Para este proyecto refundacional, el gasto público
y el consumo interno constituyen los ejes de una estrategia central. No
se crece exclusivamente a través del mantenimiento de mercados
exteriores, ni se puede incrementar las exportaciones sin una política
productivista que incorpore la sustentabilidad social y ambiental.

Una nueva política para la provisión de bienes
públicos descansa en la aceptación por parte del conjunto de la
sociedad de que existen bienes y servicios que forman parte indisoluble
de la supervivencia de los habitantes del país y, por ello, deben estar
fuera de las relaciones de mercado, como meta a alcanzar en un lapso lo
más breve posible. En el actual sistema de propiedad de las empresas
que proveen de esos bienes públicos y de su modalidad de gestión, la
entrega de tales servicios a la sociedad están plenamente sujetos al
manejo mercantilista y a la obtención de lucro con su oferta al consumo
público. La privatización y la concesión de gran parte de las empresas
que los proveen supone que el precio o las tarifas de los mismos se
corresponden exclusivamente con el objetivo de maximizar la tasa de
ganancia y no el de satisfacer necesidades básicas para la subsistencia.

El socialismo propone encarar una estrategia decidida
hacia el rescate de esas empresas o de las concesiones otorgadas, como
ser para la provisión de agua, energía eléctrica, gas, transporte
público, fuentes de energía no renovable, etc. Ese rescate que puede
comenzarse con la discusión legal de la licitud de las concesiones, la
no renovación de las mismas a su vencimiento o el retorno inmediato de
las ya vencidas al patrimonio social colectivo lo que implica poner
tales empresas en manos de la sociedad, como unidades de gestión
social, administradas por quienes son sus trabajadores y consumidores,
con el objetivo de proveer a todos los habitantes, sin excepción y a
valores que sean accesibles, de los bienes y servicios que producen.

El socialismo comprende y acepta que las fuerzas
productivas necesitan de los mercados para expandirse, perfeccionarse,
incorporar las mejoras tecnológicas y alcanzar un equilibrio. Este
desarrollo deberá tener como fin la democratización de las
posibilidades individuales y la eliminación de la pobreza. El
socialismo sostiene la necesidad de la planificación democrática de la
economía para un mejor desarrollo y aprovechamiento de los recursos
sociales.

Esa misma expansión creó también las condiciones para
la concentración del poder económico, los monopolios y los oligopolios,
que han logrado basar su fuente de riqueza en la explotación del
trabajo. El socialismo debe imponer los límites a esta concentración de
riqueza para ponerla al servicio de la sociedad.

3. La economía social.

La producción moderna se basa en grandes aportes de
capital, por lo que el socialismo considera necesario modificar las
pautas de acumulación, a través del rol de la economía social, basada
estructuralmente en una concepción democrática de las organizaciones
económicas que permiten por su particular administración, una mejor
distribución de los beneficios.

El capitalismo ha establecido un sistema de poder por
el que quien controla el capital tiene la decisión, y los derechos de
las personas son valorados según su rentabilidad económica. Esto genera
extraordinarias injusticias y fuertes tensiones sociales dentro de cada
país y entre países, e impacta sobre el agotamiento de los recursos
naturales y el daño al medio ambiente.

Frente a esta concepción que busca sólo la
maximización de los beneficios, la economía social procura desarrollar
empresas sociales con gran capacidad de producción y una justa y eficaz
distribución de los excedentes económicos.

Una economía democrática no está libre de conflictos
de intereses, dificultades y nuevas exigencias de un mundo cambiante;
pero es una concepción apta para la búsqueda de la armonización de los
diversos intereses sociales y para supeditar al capital a las
decisiones democráticas.

Las entidades de economía social son potencialmente
uno de los grandes sujetos de la economía moderna en el desarrollo de
una sociedad de bienestar y su disfrute.

Es imprescindible contribuir a un correcto
funcionamiento de las empresas sociales o asociativas, a fin de que
cumplan estrictamente los valores y principios que conforman su
concepto esencial, útiles para actuar como contrapoder y necesarias
para promover fórmulas alternativas de gestión allí donde el mercado no
actúa o donde existen graves riesgos de desatención a necesidades
elementales de la sociedad.

La democracia económica exige una participación
igualitaria y una cualificada cogestión de los trabajadores en las
decisiones sociales y económicas que el manejo de estas asociaciones
requiere.

La formación y capacitación de los
ciudadanos-trabajadores-consumidores es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de estos sujetos solidarios que eventualmente deben
competir en mercados adversos frente a grandes concentraciones de
capital.

El cooperativismo, el mutualismo, el sindicalismo y
el asociativismo nacieron al calor de las ideas socialistas de
pensadores como Juan B. Justo, desde las primeras organizaciones
obreras de fines del siglo XIX, como alternativa a la conformación de
la plusvalía capitalista, y como búsqueda de nuevas formas de trabajo
asociado que enaltezcan el trabajo del hombre en sociedad. En estas
organizaciones debe existir la primacía de la persona humana, el avance
social, una distribución equitativa del producto, la capacitación y la
participación. Se trata de organizaciones libres, organizadas bajo
principios solidarios, alternativas a las organizaciones expoliadoras
que impone la globalización capitalista, que pretenden aportar a un
nuevo modelo de sociedad y de acumulación de capital: el capital
social. Se dirigen a sustituir el egoísmo, el individualismo y la
concentración personal del capital, por el trabajo asociado, la gestión
compartida y el patrimonio social.

El socialismo ratifica su compromiso de impulsar este
sector de la economía por el que miles de ciudadanos participan de
cooperativas, mutuales, empresas cogestionadas, organizaciones de
consumidores en cooperativas de consumo, de servicios públicos, de
trabajo autogestionado, de servicios de salud, marcando un rumbo
diferenciador en la economía y en la sociedad contemporánea.

4. Sistema bancario y financiero.

El sistema bancario y financiero debe estar en
función de apoyo y consolidación al aparato de producción de bienes
para el consumo interno, a la demanda de los habitantes para satisfacer
consumos indispensables para su subsistencia y a la exportación
privilegiando a las pequeñas y medianas empresas, a las unidades
productivas inscriptas en el modelo de la Economía Social y a los
sectores productivos más postergados del interior.

Este sistema bancario estará asentado,
prioritariamente, en la banca pública y la de carácter cooperativo, a
la cual se le brindará todo el apoyo necesario por parte del Banco
Central para su eficaz funcionamiento. El citado Banco Central será una
herramienta más dentro de la estrategia de desarrollo del Proyecto
Nacional, actuando en plena sintonía con la política económica oficial
y operando como el ejecutor de la estrategia crediticia arriba
explicitada.

Se debe sancionar una nueva ley de entidades
financieras, que reconozca el carácter de servicio de la actividad
financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y
social equitativo, y favorezca la instalación de entidades financieras
pequeñas, de carácter local y regional, con una regulación adecuada
para sus actividades y tamaño.

Es necesario modificar la Carta Orgánica del BCRA a
efectos de establecer la promoción del desarrollo de la economía como
objetivo de la autoridad monetaria, conjuntamente con la defensa del
valor de la moneda; incorporar como obligatorio el establecimiento de
políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y
las economías regionales por medio de exigencias de reserva o encajes
diferenciales; ampliar sus funciones para actuar como prestamista de
última instancia; y facultarlo para ejercer política activa, tanto para
regular las variables monetarias y crediticias, como para regular
eventualmente variables cambiarias y de pagos externos.

Se debe mantener la propiedad pública de los bancos
que aún están en manos del Estado nacional, provincial y municipal que
ante la fuerte concentración actual del sistema financiero, constituyen
elementos importantes que contrapesan el comportamiento oligopólico de
las entidades financieras. Estas entidades públicas, deberán atender
prioritariamente a la pequeña y mediana empresa, y hacerse cargo de los
préstamos de fomento para productores en emergencia (inundaciones,
shocks externos, etc) Paralelamente, deberá crearse una fuerte
auditoria en estas entidades para evitar los denominados "préstamos
políticos" o "prestamos de favor"

Se deberá fomentar la creación de bancos de capital
nacional y favorecer las operaciones de los mismos, pues su destino
como instituciones dependen de la evolución de la economía doméstica,
lo que permite un mayor control y aumenta las posibilidades de que
estas entidades participen en los objetivos de política económica que
se esbozan en este programa.

5. Economías regionales.

Es fundamental un programa nacional de apoyo y
reconversión de las estructuras productivas del interior del país, con
especial preferencia dirigido hacia el segmento de la pequeña
producción rural y urbana, y que incluya.

Un Programa de fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las pequeñas unidades productivas, acompañado de una
política de regularización fundiaria y de formalización de las
relaciones laborales y de inserción en los sistemas de previsión y
medicina social.

Un programa de apoyo al accionar en común, mediante
prácticas asociacionistas, de todos los productores a fin de fortalecer
su presencia en el mercado y asegurar poder de negociación frente a la
creciente estructura concentrada de oferentes de insumos y tecnología y
de adquirentes de los productos.

Un Programa de defensa del precio de los bienes que
producen tales agentes económicos, mediante la conformación de un Fondo
Especial, al estilo de lo que se hace en todas las economías
desarrolladas, administrado por los mismos productores con
asesoramiento estatal y que impida fuertes oscilaciones en los ingresos
de los productores ante variaciones internacionales en la cotización de
los bienes que elaboran.

Un Programa de financiamiento barato, fuertemente
subsidiado, instituído con el apoyo de la banca estatal y cooperativa y
la obtención de financiamiento internacional para reequipar a los
productores y otorgarles recursos para el proceso de producción,
comercialización e incorporación de valor agregado en las mismas
regiones productoras.

Debe crearse asimismo, un Consejo Nacional de
Transformación Productiva con Equidad Social para las Economías
Regionales, compuesto de representantes del Estado nacional, de las
provincias, de las universidades, de los organismos de ciencia y
tecnología y de los mimos productores para diseñar el desarrollo del
programa y pautar sus costos y estrategias sectoriales y globales.

6. La reforma urbana.

Nuestro país debe programar urbanística y
territorialmente su desarrollo. Debe darse por lo tanto una respuesta
racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha
hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de una
acción relativamente "espontánea" y especulativa del sector privado y
aún del propio Estado en sus tres niveles.

Debe desarrollarse un plan de previsión en cuanto a
la formación de reservas de suelo para la progresiva expansión
controlada y racional de los núcleos urbanos.

Reubicar la problemática de la planificación urbana y
territorial significa interpretar verdaderamente el valor económico y
social del ambiente construido urbano y rural. Esta nueva concepción
debe tender a un desarrollo armónico y equilibrado de la ciudad y el
territorio, y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Es necesario un proyecto social de uso más equitativo
del territorio que implique la recuperación de la dimensión pública de
los procesos de ordenación y planificación física del suelo, y eliminar
los factores que conllevan sobreganancias diferenciadas en el mercado
inmobiliario. Una nueva concepción que ponga al derecho de propiedad en
función social, y una gestión urbana que propicie la participación de
todos los actores que intervienen en la ciudad, a través de una
política de descentralización.

7. Ciencia e investigación.

La investigación científica y el desarrollo
tecnológico son instrumentos necesarios para resolver los problemas que
afectan al bienestar social y para mejorar las condiciones de vida de
todos los ciudadanos. El socialismo quiere que los conocimientos
científicos y las innovaciones tecnológicas estén presentes en nuestros
hospitales, en nuestras escuelas y universidades, en las empresas, en
nuestras redes de transportes y comunicaciones, en nuestra vida
cotidiana, y contribuyan a la igualdad de oportunidades y a la
generación de empleo.

Debe promoverse la investigación básica, la relación
entre la investigación pública y las actividades empresariales, y la
innovación tecnológica como factor estratégico del desarrollo del
sistema productivo.

Es necesario afianzar al CONICET, INTA, INTI y demás
organismos estatales de investigación, profundizar el rol de las
universidades estatales como centros de investigación, y la inversión
pública en ciencia y tecnología y en formación de investigadores.

VI. INTEGRACIÓN EN EL MERCOSUR, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PAZ MUNDIAL

1. La paz mundial.

El mundo está presenciando la proliferación de
conflictos regionales y una creciente intervención militar de los
países más grandes en los asuntos internos de otros países. La
desaparición del conflicto Este-Oeste, que durante tanto tiempo pusiera
al mundo al borde de la guerra nuclear, no trajo una época de paz y de
crecimiento. La NATO ha expandido su poder mediante la incorporación de
otros países, un importante aumento de su arsenal militar y un
permanente despliegue de las fuerzas militares para intervenir en otros
países.

El socialismo está a favor de un orden internacional
basado en la paz y en el respeto a la soberanía de los países. Estas
condiciones son necesarias para garantizar las posibilidades del
desarrollo de todos los países y del bienestar de los pueblos. El
sistema mundial debe estar basado en la cooperación internacional para
construir un mundo donde puedan darse las condiciones para el
desarrollo de la potencialidad del ser humano. En esas condiciones no
hay lugar para la existencia de alianzas militares de cualquier signo y
justificativo alguno para las enormes sumas destinadas a financiar los
gastos militares.

Todos los pueblos necesitan contar con las garantías
de justicia y paz que permitan construir un mundo mejor. El socialismo
cree en la existencia de un derecho internacional equitativo, con
organizaciones representativas que preserven la paz sin opresión tanto
para los países grandes como para los países chicos.

Las organizaciones supranacionales como las Naciones
Unidas y sus organismos dependientes deben garantizar la
representatividad, con una efectiva democratización que evite la
utilización de los mismos por parte de las naciones más grandes y las
intervenciones unilaterales en otros países. El socialismo apoya la
creación de la Corte Internacional de Justicia destinada a preservar la
paz, el respeto a las minorías y la vigencia de los derechos humanos.

El socialismo rechaza el terrorismo de cualquier
signo, y también el terrorismo ejecutado por los Gobiernos con la
excusa de ejercer el derecho a la defensa. El terrorismo conduce a la
pobreza, a la explotación y a la represión indiscriminada con la
pérdida de vidas humanas que no pueden justificarse. El terrorismo no
puede ser combatido únicamente con la fuerza; es necesario solucionar
los problemas de hambre y miseria, que significan la pérdida de la
dignidad del hombre, mediante la implementación de programas
específicos destinados a integrar a toda la humanidad en el proceso del
progreso. Los países desarrollados deben contribuir a mejorar el
bienestar de los países más atrasados por un principio ético
irrenunciable, siendo además una forma de crear las condiciones
sistémicas para eliminar el terror.

2. La Integración regional y el Mercosur. Respuesta a la globalización.

El mundo avanza hacia una mayor integración de las
naciones y de los pueblos. Los intercambios económicos, comerciales y
culturales han acercado a los pueblos mediante la desaparición de las
distancias y los tiempos.

La globalización actual irrumpió en las relaciones
internacionales de la mano de los intereses financieros y de las
corporaciones multinacionales que controlan los flujos financieros y
las dos terceras partes del comercio internacional. Existe un mundo
financiero que no respeta las fronteras, que invade las soberanías y
que está a disposición de los intereses más poderosos. Los únicos
países que han logrado reducir la pobreza en este período de
globalización han sido aquéllos que han sabido mantener el control
sobre sus destinos.

La globalización ha acentuado la dependencia de las
naciones de los organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio,
los que se han erigido en guardianes de los capitales financieros,
imponiendo condiciones y políticas que sólo perpetúan el atraso.

El socialismo apoya la desaparición de las fronteras
y la libre circulación de bienes. Pero esta liberalización debe ser
progresiva, equitativa, con reglas equilibradas y respetadas por todos
los países. La liberalización del intercambio en las condiciones
fijadas por los países desarrollados y sus intereses comerciales no ha
sido equilibrada y no ha respetado tampoco los principios de lograr una
mejor distribución de los ingresos. El libre intercambio debe implicar
la apertura de los mercados de los países desarrollados a los productos
del mundo subdesarrollado.

El socialismo aspira a una globalización dirigida a
satisfacer los intereses de las mayorías y aprovechar las ventajas de
la desaparición de las fronteras. Una globalización dirigida a superar
la pobreza y la miseria en el mundo.

El Estado debe asegurar que la explotación de los
recursos naturales sirva al desarrollo del país mediante el control de
la renta que genera su explotación. El excedente debe servir para
mejorar las condiciones de vida de la población y aportar al desarrollo
de sectores productivos. El Estado debe crear los medios para evitar la
transferencia de los excedentes hacia las casas matrices en los países
centrales mediante la utilización de técnicas contables o sociedades
fantasmas.

Al mismo tiempo, nuestra relación con los organismos
multilaterales de financiamiento deberá basarse, de modo irrenunciable,
en el resguardo de nuestra plena soberanía nacional, reconociendo
nuestra pertenencia a dichas organizaciones pero negociando con ellas
en un plano de plena igualdad, sin ningún tipo de condicionamientos y
reclamando el trato igualitario que las cartas fundacionales de tales
organismos oportunamente estipularon.

En la misma dirección, el elevado peso del pago del
capital y los intereses correspondientes a la Deuda Pública deben dejar
de ser un factor altamente distorsivo en el uso de los recursos
presupuestarios nacionales. Así, previo a un análisis acerca de la
licitud de la citada Deuda, sólo se va a hacer frente a aquella parte
que es legítima, luego de una fuerte quita y un extenso periodo de
espera para permitir el relanzamiento de la economía nacional.

En el proceso de globalización, se torna
imprescindible propiciar una estrategia de inserción en el escenario
económico internacional que privilegie la integración de los pueblos
latinoamericanos ,dé impulso a la plena participación del pequeño y
mediano empresariado nacional y democratice el funcionamiento de los
organismos de cooperación subcontinentales, a partir de la conformación
de un parlamento regional, consagrado por el voto popular. Ello supone
el rediseño del MERCOSUR para que deje de ser un instrumento cautivo de
los grandes grupos económicos y se transforme en la herramienta de
intercambio comercial, cultural, científico, social y consolidación
política de los pueblos que lo componen, ampliándolo al resto de los
países latinoamericanos y ocupando un lugar en el proceso globalizador
a favor de los trabajadores.

QUIENES SOMOS, POR QUÉ LUCHAMOS

1. Las mujeres y los varones que integramos el
Partido Socialista nos comprometemos con el ideal de una sociedad en la
que el ser humano esté en el centro de sus preocupaciones, en el marco
del pleno ejercicio de la democracia. La libertad y la igualdad de las
personas en una sociedad solidaria es nuestro objetivo.

2. Los hombres y mujeres del socialismo reivindicamos
el aporte que el socialismo ha realizado en su larga y fecunda
trayectoria a las ideas políticas, sociales, económicas y culturales de
nuestro país, muchas de las cuales hoy son parte del derecho argentino.

3. La política es para nosotros impensable sin el
debate y la participación. En la forma como debatimos y como
participamos deben reconocerse las metas que perseguimos. En la
competencia política, el fin no justifica los medios.

4. En una sociedad como la nuestra, donde existe una
fuerte crisis de representatividad y de legitimidad, las personas
reclaman cada vez más el derecho de ser ellos mismos activos participes
de los cambios. Sólo donde las personas pueden participar con
responsabilidad en la gestión política y tener con ello la evidencia
que sus iniciativas son realizadas, se da la fuerza necesaria que
requiere la cultura política de una democracia social.

5. Los hombres y mujeres que integramos el socialismo
trabajamos por una economía que garantice el pleno empleo para todos.
Una sociedad que promueva una justa división del trabajo remunerado y
el no remunerado del hogar entre los géneros.

6. Hasta que el pleno empleo se concrete, el Estado
debe garantizar que no haya ninguna familia argentina que no pueda
cubrir sus necesidades básicas. Por ello proponemos un ingreso mínimo
social garantizado, que sea asignado a cada jefa o jefe de hogar
desocupado.

7. Hoy después de transcurrido más de un siglo de la
redacción de nuestra declaración de principios, la precarización del
empleo que sufrió nuestra sociedad nos obliga a plantear nuevamente el
pleno respeto de la jornada laboral de 8 horas y un mínimo de 36 horas
continuas de descanso semanal.

8. Los socialistas queremos un movimiento sindical
fuerte y democrático para defender los intereses del trabajo frente al
capital. Por lo tanto es necesario terminar con el monopolio de la
representación sindical y constituir nuevas organizaciones fuertes y
democráticas.

9. Los socialistas proponemos crear los mecanismos
sociales y gubernamentales para garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos en su amplia concepción. Una sociedad con igualdad y
solidaridad entre mujeres y hombres, entre jóvenes y ancianos, entre
las generaciones presentes y futuras, entre argentinos e inmigrantes.

10. Promover la economía social a través de la
generación y difusión del cooperativismo, mutualismo, empresas de
carácter asociativo y gestionadas colectivamente. La economía social es
una alternativa a la maximización de los beneficios que nos propone el
capitalismo, y puede lograr empresas sociales con gran capacidad de
producción y una justa y eficaz distribución de los recursos
económicos. La economía solidaria es una herramienta central para
combatir la pobreza y el desempleo.

11. Los socialistas entendemos que los mercados son
un positivo mecanismo para la innovación productiva y una eficiente
asignación de los recursos de la economía, pero librados a su suerte
son generadores de profundas desigualdades sociales. Proponemos una
fuerte intervención estatal, para contener y regular los efectos
nocivos del libre funcionamiento de los mercados. Los socialistas
aceptamos una economía con mercado, pero no una sociedad de mercado.

12. Proponemos refundar la estructura y las funciones
del Estado en todos sus niveles y ámbitos operativos. Creando un Estado
eficiente, moderno, capacitado y equilibrado, que este al servicio de
las mayorías nacionales. El Estado debe garantizar el acceso a la
seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, equipamiento e
infraestructura social.

13. Es necesario diseñar una política fiscal
equilibrada, con fuentes de financiamiento de base progresiva y que
elimine los núcleos de evasión. El gasto debe estar directamente
articulado a las directrices de la política económico social, buscando
atacar las fuentes de asimetrías y desigualdades que distorsionan el
mapa social argentino.

14. Crear un sistema científico y tecnológico, con la
activa participación de las Universidades Nacionales, que sirva de
soporte a la innovación y desarrollo en las actividades productivas y
de servicio, en particular aquellas que puedan ser implementadas por
las Pymes. Destinar los recursos materiales, científicos y culturales,
para insertar de manera competitiva a la Argentina a nivel regional y
mundial.

15. Trabajamos por una economía sustentable, que haga
un uso racional de sus recursos y que promueva la utilización de
fuentes de energías limpias y renovables. Nos oponemos al uso de todo
tipo de energía nuclear. Crear organismos eficientes y participativos,
para controlar y anular los factores que destruyan el equilibrio
ambiental en el ámbito rural y urbano.

16. Proponemos revisar y renegociar la Deuda Pública con los organismos multilaterales de crédito.

17. En el espacio regional, trabajamos por fortalecer
los avances logrados en el Mercosur, dando especial relevancia a los
emprendimientos sociales de empresas pequeñas y medianas, atacando
desequilibrios y asimetrías de poder, culturales, ambientales y
territoriales.

18. Creemos en la posibilidad de constituir una
comunidad democrática de Naciones que asuma una responsabilidad común
por un futuro con Paz y más justo para todos los habitantes de la
tierra. Una humanidad que se libere de la locura de la carrera
armamentista, que promueva la resolución de conflictos a través de
medios pacíficos y que concentre sus esfuerzos en la preservación de la
naturaleza y la derrota de hambre que todavía aflige a millones de
seres humanos. Para el logro de estos objetivos coordinamos nuestras
acciones con todos los partidos Socialistas, Socialdemócratas y
Laboristas que abrazan nuestros principios en distintas partes del
mundo y en particular en el cono sur de América.